El bienio reformista da comienzo al formarse el primer
gobierno constitucional, el 15 de diciembre de 1931 y termina con las
elecciones de noviembre de 1933, que darían el gobierno a la derecha. Tras la
aprobación de la constitución de 1931, se constituyó un gobierno formado por
una coalición entre republicanos de izquierdas, especialmente Acción Republicana,
y socialistas del PSOE, y presidido por Manuel Azaña.
Este gobierno continuará las
reformas ya iniciadas durante el periodo del gobierno provisional y planteará
otras nuevas, especialmente en el ámbito agrario. Fue el periodo más activo de
la República en cuanto a reformas, en un intento de poner a España en el camino
de las democracias liberales occidentales europeas, pero con una clara
influencia también, de las ideas socialistas.
La reforma laboral llevada a cabo por el líder de UGT
y ministro del Trabajo, Largo Caballero, se había iniciado en la etapa del gobierno
provisional con la Ley de Términos, por la que se hacía obligatorio contratar
para las labores del campo, a los campesinos del término municipal, antes de
recurrir a los de otros términos. De esta forma, se evitaba la coacción política
y sindical como arma de contratación laboral. Las nuevas medidas incluían la
introducción del seguro de enfermedad, las vacaciones pagadas, la jornada de
ocho horas o el establecimiento del salario mínimo. A pesar de todo, La CNT,
que no quiso colaborar en las reformas, convocó violentas huelgas
revolucionarias, creando una gran inquietud en las clases medias que no veían
al gobierno capaz de controlar la situación.
Otra de las medidas de reforma
iniciadas en la etapa anterior fue la
reforma militar, llevada a cabo por el presidente del gobierno y ministro
de guerra, Manuel Azaña. Esta reforma pretendía por un lado reducir el
número excesivo de oficiales existentes, y por otro, garantizar la lealtad del
ejército al nuevo régimen republicano. Para ello se colocaron en los puestos de
mando a militares de confianza del nuevo régimen, y se ofreció a muchos
oficiales pasar a la reserva activa con todo el sueldo. Esta medida buscaba
también alejar del ejército a militares monárquicos, y muchos militares
consideraron que favoreció a los oficiales que defendían a la República, lo que
llevó a algunos, a organizar una conspiración. En agosto de 1932 el general Sanjurjo
se pronunció en Sevilla (Sanjurjada) y al fracasar fue detenido y
encarcelado junto a sus compañeros. Sentenciado a muerte, la sentencia le fue
conmutada por el exilio, instalándose en Portugal desde donde participaría en la
sublevación de julio del 36.
Por otro lado, y para sustituir al
ejército en la tarea de garantizar el orden, se creó la Guardia de Asalto,
como cuerpo encargado del orden público, y de la defensa del sistema
republicano.
La política religiosa del gobierno provisional, la quema
de conventos y la aprobación de la Constitución de 1931, supusieron el
enfrentamiento con la iglesia católica, enfrentamiento que se radicalizará con
las sucesivas reformas afectaban a esta institución.
Las medidas directamente
relacionadas con la cuestión religiosa, como la eliminación de la religión
católica como asignatura y la Ley de Congregaciones Religiosas,
agravaron la situación. Con la nueva ley, iglesias y conventos pasaban a ser
propiedad pública, aunque se permitía a la iglesia su uso. Sin embargo, la
medida más cuestionada será la prohibición a la iglesia de dedicarse a
actividades mercantiles y, sobre todo, a la enseñanza, pilar fundamental de
control ideológico en los siglos anteriores. A estas medidas se añaden la
expulsión de España de la Compañía de Jesús y la confiscación de sus bienes
inmuebles, así como la aprobación del matrimonio civil, el divorcio y los
cementerios civiles.
Se trataba de poner en práctica el
principio de laicidad establecido en la Constitución de 1931, pero una parte de
la sociedad y, sobre todo, la jerarquía eclesiástica, dejarán de creer en las
posibilidades de consolidación de la República. La iglesia no estaba dispuesta a
perder sus privilegios y su poder.
El problema regionalista también dividió a la sociedad
española entre los que defendían la unidad de España, problema especialmente
delicado para el ejército, y los nacionalistas, especialmente, catalanes y
vascos. La constitución reconocía el derecho a constituirse en Comunidad Autónoma
y a elaborar y aprobar sus propios Estatutos, aunque éstos, debían ser
aprobados en última instancia por el Parlamento español.
En 1932 Cataluña obtenía su Estatuto
de Autonomía, bajo la presidencia de Companys, mientras el País Vasco debió
esperar a 1936 para ver aprobado también el suyo. El reconocimiento de los
nacionalismos supuso otro argumento más de enfrentamiento, y de malestar
militar.
Se continuó también con
la reforma educativa, basada en el
principio constitucional de universalidad y en el modelo de la escuela mixta,
única, pública, laica, obligatoria y gratuita. Se desarrolló un ambicioso programa de
construcción de escuelas y de creación de plazas de maestros que no logró
paliar la escasez de plazas escolares, sobre todo, tras la prohibición a la iglesia
para ejercer la enseñanza. En la línea de un Estado laico, establecida por la
constitución, se eliminaron los símbolos religiosos de los centros educativos,
y la religión dejó de ser obligatoria para alumnos y profesores, aunque los
padres podían pedir formación religiosa para sus hijos. Si ningún profesor
estaba dispuesto a impartirla, lo harían los párrocos.
Una de las medidas más
interesantes e innovadoras fueron los planes de alfabetización de la población
adulta, llevados a cabo por las llamadas “misiones pedagógicas”, que intentaron llevar la educación y
la cultura al mundo rural. Estas misiones estaban formadas por estudiantes
universitarios, profesores, artistas, escritores etc. Que organizaban numerosas
actividades como bibliotecas ambulantes, cine, teatro, museos itinerantes o
enseñar a leer a las personas adultas. Federico García Lorca fundó La Barraca,
compañía de teatro que recorría España representando obras del teatro clásico.
La Reforma Agraria intentó atajar el problema de la
redistribución de la propiedad de la tierra, problema histórico en España, y
que había creado una situación de anarquía y violencia entre los jornaleros del
sur. La complejidad legal y técnica que suscitó la Reforma, junto con los
fuertes intereses de los partidos, la presión campesina, y el temor a que la
oposición de los terratenientes pudiera acabar con la República, explican la
sucesión de cuatro proyectos desestimados y el resultado final de una ley
compleja y de difícil aplicación.
Inicialmente, una Comisión
Técnica Agraria propuso un procedimiento basado en ocupaciones temporales, pero
de duración indeterminada, de aquellas tierras que excediesen de unos máximos
por propietario, que se fijaban en función del tipo de cultivo y de suelo. De
la operación se encargaría el Instituto de Reforma Agraria (lRA), que la
financiaría con fondos procedentes de un impuesto progresivo sobre las grandes
fincas. La Comisión recomendaba la aplicación de la ley solamente en áreas
donde predominaran los latifundios. La oposición de los terratenientes y de
algunos partidos hizo que se abandonase el proyecto.
Uno nuevo, elaborado por Alcalá
Zamora, reducía las fincas afectadas por la reforma a las de la nobleza
absentista y preveía unas altas tasas de indemnización, que provocarían unos
gastos excesivos para las posibilidades del Tesoro público. Por eso, los
socialistas, pretendían unas medidas más ambiciosas, con más expropiaciones,
menos indemnizaciones y un impuesto progresivo como forma de financiar unos
numerosos asentamientos de campesinos.
El frustrado levantamiento
monárquico del general Sanjurjo, en agosto de 1932, radicalizó y aceleró todos
los proyectos pendientes, al unir a las fuerzas republicanas, y permitió que,
tras cuatro meses de discusión, el 9 de septiembre de 1932 fuera aprobada en su
totalidad la Ley de Bases para la Reforma Agraria. Según esta ley, se expropiaban sin indemnización las
propiedades de los antiguos señoríos jurisdiccionales de los Grandes de España,
mientras que podían expropiarse en su
totalidad, con indemnización, las tierras procedentes de los antiguos
señoríos territoriales, las incultas o manifiestamente mal cultivadas, las arrendadas
de forma continua durante los últimos 12 años o aquellas que estuvieran a menos
de dos kilómetros de los pueblos (siempre que su propietario tuviera más de 1.000
pesetas de renta catastral); también las situadas en zonas regables que no
fueran puestas en regadío.
Se creaba el Instituto de Reforma
Agraria (IRA), al que se le encargaba hacer el Registro de la
Propiedad Expropiable y al que se dotaba de un presupuesto anual de 50
millones de pesetas para indemnizaciones a los propietarios. Se preveía un
ritmo de nuevos asentamientos campesinos de 60.000 a 70.000 por año, a los que
se concedería el usufructo, pero no la propiedad de las tierras, que se la
reservaría el Estado. El asentamiento de los campesinos se haría en régimen colectivo o individual, según
decidieran ellos mismos.
Pero la Ley también presentaba
limitaciones o deficiencias:
• Al no reducir el ámbito de su
aplicación al Sur del país como se proponía en el primer proyecto, se
aumentaron los gastos y aumentó también el número de opositores a la misma. Por
otra parte, al regular únicamente las expropiaciones sobre tierras de cultivo,
se permitió a los grandes latifundistas mantener la situación sobre bosques y
áreas ganaderas.
• La disposición relativa a las
tierras arrendadas también fue negativa por ser muy indiscriminada, pues afectó
a muchos propietarios de tipo medio que habían abandonado el campo para buscar
trabajo en la ciudad y para los que la tierra era un complemento de ingresos
importante. Igualmente había cláusulas que lesionaban algunos intereses en
zonas de minifundio, sin llegar a afectar apenas a las de latifundio, objeto
primordial de la ley.
• La asignación presupuestaria
para el IRA resultaba muy insuficiente, pues se estimaban unas
necesidades anuales de entre 250 y 300 millones de pesetas (Sólo a la Guardia
Civil encargada de mantener el orden en el medio rural se destinaban unos 100
millones de pesetas anuales).
Al final, el Instituto de Reforma
Agraria solo expropió algunas fincas, pero a cambio de una indemnización.
El problema radicó en que el Estado no disponía de recursos para la
compensación y solo 10.000 campesinos obtuvieron parcelas. La reforma no
solucionó los graves problemas del campo e incluso empeoró el clima social pues
tanto jornaleros como propietarios perdieron la fe en la República. Los
propietarios porque consideraron violado su derecho a la propiedad, y los
campesinos porque veían que la república no les garantizaba el derecho a la tierra.
Las ocupaciones de tierras por la fuerza, por parte de los campesinos, se
iniciaron en el sur y en Extremadura, provocando un serio problema de orden
público y el miedo de la oligarquía que buscará en los militares la solución al
problema.
No hay comentarios:
Publicar un comentario